Sin control sobre sus fronteras ni acceso a un aeropuerto propio, los palestinos de Cisjordania enfrentan un sistema de salida profundamente condicionado. Lo que constituye un derecho fundamental inherente a todo ser humano, la libertad de circulación, para ellos no está garantizado. El responsable: Israel, que controla las fronteras, los pasos y los permisos de salida en el marco de una ocupación prolongada.
Para ellos, un acto tan simple como viajar al extranjero implica atravesar múltiples controles, asumir esperas prolongadas y depender de decisiones que pueden cambiar sin previo aviso, incluso con documentación en regla y pasajes confirmados.
Por: Valentina Jerez Selman
Salir al extranjero, para un palestino de Cisjordania, no es un trámite ni un proceso previsible. Implica atravesar controles, enfrentar esperas sin certeza y depender de decisiones que pueden cambiar sin previo aviso, incluso con pasajes confirmados.
En Cisjordania ocupada viven más de 3,2 millones de palestinos, según el Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). No cuentan con un aeropuerto operativo ni pueden acceder libremente a los aeropuertos israelíes. Además, no tienen control sobre sus fronteras: Israel controla todos los accesos internacionales del territorio. En la práctica, la única vía de salida utilizada de forma regular es el Puente Allenby, el paso que conecta Cisjordania con Jordania. Antes del inicio del último genocidio en Gaza el 2023, este cruce registraba más de 2 millones de desplazamientos al año, reflejando su carácter esencial y la dependencia casi total de esta ruta.
Desde allí, los viajeros deben continuar por vía terrestre hasta el Aeropuerto Internacional Reina Alia, en Amán, capital de Jordania, desde donde pueden tomar vuelos internacionales. Un trayecto breve en distancia, pero incierto en su ejecución.
Existe la percepción de que salir de Cisjordania es un procedimiento similar al de cualquier otro territorio, con controles definidos y tiempos relativamente predecibles. Sin embargo, la realidad es distinta. Los palestinos no cuentan con control sobre sus fronteras ni con acceso directo a aeropuertos, lo que limita significativamente sus opciones de movilidad internacional.
En el cruce Allenby, el punto de salida incluye funciones administrativas palestinas, como el registro y la organización de los viajeros. Estas funciones no implican capacidad de decisión sobre el paso. La autorización final depende de las autoridades israelíes, que controlan los tiempos, los procedimientos y las condiciones de salida. Incluso con documentación en regla y pasajes confirmados, no existe garantía de poder viajar.
Cada día, cientos de personas llegan de madrugada para intentar cruzar. Se forman filas, se reparten números y comienza una espera que puede extenderse por horas, o incluso días. El paso puede abrir, retrasarse o cerrarse sin previo aviso.
En una entrevista publicada por +972 Magazine, un palestino de Cisjordania relató cómo un trayecto que debía tomar pocas horas terminó extendiéndose por casi 36 horas, luego del cierre inesperado del cruce por parte de Israel. La situación incluyó vuelos perdidos, cambios de transporte y una espera prolongada sin información clara.
Durante esas horas, mientras los viajeros intentaban explicar la urgencia de sus desplazamientos, la respuesta que recibían era siempre la misma. Según el testimonio recogido por la revista, los funcionarios presentes en el lugar repetían que no podían intervenir, y esa misma idea fue anunciada por altavoces los funcionarios jordanos en la terminal:
“Nos gustaría dejarlos pasar a todos, pero no es nuestra decisión. Todo depende de los israelíes”.
A un palestino se le puede impedir salir sin explicación formal. Las decisiones suelen justificarse bajo criterios amplios de seguridad, sin mecanismos claros de apelación. La autorización de salida depende de criterios definidos por Israel, y no existe un sistema transparente que permita conocer las razones de un rechazo o impugnarlo de manera efectiva. Periodistas, estudiantes o trabajadores pueden enfrentar restricciones durante años, sin conocer el motivo.
Viajar desde Cisjordania implica, además, asumir costos adicionales: transporte interno, tasas en distintos puntos del trayecto, pérdida de vuelos y alojamiento improvisado cerca del cruce. En situaciones de retrasos o cierres, los costos pueden ascender a cientos de dólares por persona, especialmente cuando se deben reprogramar vuelos o pasar la noche cerca del paso. Además, en muchos casos, el equipaje es separado del pasajero.
Las largas horas de espera, muchas veces en condiciones precarias, la falta de información y la necesidad de reorganizar itinerarios convierten el trayecto en una experiencia de desgaste físico y emocional.
Cisjordania está fragmentada por una red de controles, bloqueos y restricciones de movimiento. Según Naciones Unidas, existen más de 700 obstáculos entre checkpoints barreras y puntos de control que afectan la movilidad interna. Desplazarse dentro del territorio implica tiempos inciertos y trayectos condicionados.
Durante décadas, los palestinos contaron con distintas vías de salida. El aeropuerto de Jerusalén, conocido como Qalandia, dejó de operar en el año 2000, al inicio de la Segunda Intifada, y nunca volvió a abrir, mientras que el aeropuerto de Gaza, oficialmente Aeropuerto Internacional Yasser Arafat, dejó de operar el 2000 y fue destruido entre el 2001 y 2002, cuando las fuerzas israelíes lo bombardearon y destruyeron la pista. En la actualidad, la dependencia del cruce Allenby es prácticamente total.
Salir al extranjero desde Cisjordania responde a múltiples necesidades, como estudios, trabajo, atención médica o reunificación familiar. En todos los casos, el trayecto está sujeto a un mismo sistema de control.
Los palestinos de Cisjordania están sujetos a la autorización de Israel. Viajar al extranjero no es un proceso previsible. Es una experiencia atravesada por la espera, la incertidumbre y decisiones que no dependen del viajero, sino de la ocupación.
