Diversas entidades independientes han investigado las acciones contra civiles llevadas a cabo por Israel en Gaza y llegan a una conclusión unánime: ese país está cometiendo un genocidio. La primera investigación que empleó el término en 2024 fue la de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien titula así su reporte: “Anatomía de un Genocidio”. En Diciembre de 2024 Amnistías Internacional también calificó las acciones israelíes en Gaza como un genocidio y Human Rights Watch, basando su investigación solo en la privación deliberada del acceso al agua a la población civil, habla de acciones genocidas. En julio de 2025 dos organizaciones israelíes de derechos humanos (BTselem y Médicos por los Derechos Humanos), titulan un reporte sobre el tema “Nuestro Genocidio”. La última investigación que, en septiembre de 2025, concluye que Israel está cometiendo un genocidio es la Comisión Internacional Independiente de Investigación creada por la ONU (cuyos integrantes, al igual que Francesca Albanese, no son funcionarios de esa entidad).
En Agosto pasado, con base en las investigaciones antes mencionadas (salvo la última), la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio (que la BBC denomina la principal asociación de estudiosos del genocidio en el mundo), también concluye que Israel comete un genocidio en Gaza (y son parte de ese consenso académicos israelíes que sirvieron en el ejército de su país, como Omer Bartov). Dicha asociación resume parte de la evidencia que se encuentra en esas investigaciones. Comienza por calificar las acciones de Hamás el 7 de octubre de 2023 como crímenes bajo el derecho internacional (coincidiendo con la Corte Penal Internacional). Luego señala que “las políticas y las acciones” israelíes en Gaza calzan la definición de genocidio que establece el artículo 2 de la convención de la ONU sobre la materia (que define genocidio como crímenes cometidos “con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional, racial o religioso”). Argumenta que caen bajo esa categoría el carácter indiscriminado de las acciones israelíes, pese a que cuenta en su arsenal con armas de precisión (denuncia que también hiciera el presidente estadounidense Joseph Biden). Así, por ejemplo, mientras Israel pudo dar muerte a un general de la Guardia Revolucionaria iraní en su departamento en Teherán, a unos mil quinientos kilómetros de distancia, sin derribar el edificio en que se encontraba, en Gaza, hasta la emisión del pronunciamiento de la Asociación, Israel había dañado o destruido más de tres cuartas partes de las viviendas y, según la Organización Mundial de la Salud, había destruido total o parcialmente el 94% de los centros médicos. Menciona también que la UNICEF sostenía en mayo de 2025 que Israel había dado muerte o herido a 50,000 menores de edad en Gaza y desplazado forzosamente “múltiples veces” a “casi todos los 2,3 millones de palestinos de la Franja”. Asimismo relata ataques a personal e instalaciones de instituciones necesarias para la supervivencia del grupo, como centros de salud, ayuda humanitaria y educación. En cuanto a la intención de cometer genocidio (condición necesaria para que se constituya ese crimen), al igual que hiciera en enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia al aceptar una demanda por genocidio contra Israel, se mencionan declaraciones de los propios gobernantes israelíes. Por ejemplo, el respaldo de Netanyahu a la propuesta del presidente Trump de forzar el desplazamiento de ese territorio de entre millón y medio y dos millones de gazatíes. O las declaraciones del presidente israelí, Isaac Herzog, cuando señala que “la nación entera es responsable” por los crímenes de Hamás.

Es decir, todas y cada una de las investigaciones independientes realizadas sobre el tema concluyen que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Quienes niegan esa conclusión podrían debatir con la evidencia y los argumentos esgrimidos en esas investigaciones, pero jamás han dado muestra siquiera de haberlos leído. Tampoco pueden citar una investigación independiente que sostenga lo contrario, porque no existe. Es decir, niegan el genocidio no porque hayan hecho siquiera una revisión somera de la evidencia, sino porque han decidido defender al gobierno israelí independientemente de cuales sean los hechos. Y decimos al gobierno israelí, porque, por ejemplo, en Julio pasado el diario Times of Israel citaba una encuesta según la cual el 74% de los israelíes estaba a favor de poner fin a la guerra en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes en poder de Hamás. El 24 de mayo pasado el mismo medio citaba una encuesta según la cual 55% de los israelíes creían que la prioridad de Netanyahu es permanecer en el poder y no liberar a los rehenes.
Ahora bien, incluso en el supuesto negado de que lo que ocurre en Gaza no constituya un genocidio, la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria desarrollada por expertos de la ONU e instituciones independientes, ha declarado que existe en Gaza una hambruna en fase 5, la más grave dentro de esa clasificación. Israel es responsable de esa situación porque, en más de una ocasión y por decisión oficial, ha detenido el ingreso a Gaza de ayuda humanitaria. Por esa razón, en noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contra quien fuera su Ministro de Defensa, Yoav Gallant, entre otros, “por el crimen de guerra de usar el hambre como método de guerra”. Eso no impidió que, el primero de marzo de 2025 la oficina del Primer Ministro israelí hiciera pública su decisión de “detener el ingreso de todos los bienes y suministros a la franja de Gaza”, violando los términos de un cese al fuego que aún estaba en vigencia.
No solo el gobierno israelí ha restringido o impedido el ingreso de alimentos a Gaza, sino que además ha destruido campos de cultivo e infraestructura de almacenamiento de alimentos, en un contexto en el que el ministro de seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, decía en la red social X que “(…) los depósitos de alimentos y ayuda deben ser bombardeados (…)”. Bajo esas circunstancias, y tras dar muerte a cientos de empleados de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Gaza, el gobierno israelí adoptó una ley que impedía a esa agencia distribuir alimentos en Gaza, reemplazándola por la llamada “Fundación Humanitaria de Gaza” (GHF, por sus siglas en inglés). Respecto a dicha Fundación, el 27 de Junio de 2025 el diario Haaretz citaba a oficiales y soldados del ejército israelí diciendo que la red de GHF “es un campo de exterminio”, pues “se les ordenó disparar contra multitudes desarmadas cerca de los sitios de distribución de alimentos en Gaza, incluso cuando no había una amenaza”. La agencia Associated Press cita a Anthony Aguilar (entre otros exempleados de la GHF), sosteniendo que contratistas estadounidenses de esa agencia “están disparando con armas de fuego a los Palestinos que buscan alimentos en Gaza”. Llegado este punto, incluso en el supuesto negado de que haya motivos para dudar de que lo que ocurre en Gaza sea un genocidio, podríamos al menos coincidir en que provocar la muerte de niños por hambre es algo que debiera merecer una condena y exigir un cambio de conducta por parte del gobierno israelí. Y sin embargo, pese a lo contundente de la evidencia, no es así. Llegado a este punto, la pregunta no es qué pueda motivar a alguien a negar lo evidente, sino qué clase de ser humano puede condonar el matar a niños de hambre.


Por último, en su reciente discurso ante la Asamblea General de la ONU, Benjamín Netanyahu sostuvo que Hamás “ha robado el 80% de los convoyes” de ayuda humanitaria en Gaza cuando, como vimos, fue él quien prohibió su ingreso mientras sus ministros pedían bombardear los depósitos de alimentos. No brindó evidencia alguna en favor de esa acusación, simplemente porque existe. De hecho, las investigaciones de los gobiernos que donaron parte de esa ayuda contradicen lo dicho por Netanyahu. En el caso de los Estados Unidos, la AID afirma, según reportaje de France 24, que “No hay evidencia de que Hamás haya robado la ayuda humanitaria de Gaza”. También desmiente la versión israelí la vocera de la Comisión Europea, Eva Hrncirova. Ni siquiera coincide con esa versión su propio ejército. Por ejemplo, el 26 de Julio pasado el diario The New York Times titulaba una nota sobre el tema de la siguiente manera: “No hay prueba de que Hamás robe en forma rutinaria la ayuda de la ONU, según oficiales militares israelíes”. También desmiente esa versión Cindy McCain, viuda del ex Senador Republicano estadounidense John Mc Cain y Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Se trata, por lo demás, de una acusación absolutamente inverosímil: Israel vigila hoy la distribución de alimentos y controla el 75% del territorio de Gaza mientras declara un 12% adicional de territorio como zonas restringidas. No queda claro cómo, bajo esas circunstancias, Hamás podría robar comida para dos millones de habitantes y venderla (no queda claro a quién), sin dejar rastros.
