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Sudáfrica acusa a Israel de «conducta genocida» ante la corte internacional de justicia

  • El documento de 84 páginas presentado dice que las acciones de Israel «son de carácter genocida, porque pretenden provocar la destrucción de una parte sustancial» de los palestinos en Gaza. «Esta matanza no es otra cosa que la destrucción de la vida palestina. Se inflige deliberadamente, no se perdona a nadie, ni siquiera a los recién nacidos”, aseguró el equipo jurídico del país africano.

  1. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes. Los Estados están obligados a aceptar el fallo y las recomendaciones del tribunal, por lo que no es necesario que el Consejo de Seguridad se reúna; las recomendaciones del tribunal son suficientes.
  • Los estados que firmaron la Convención sobre Genocidio y declararon públicamente su apoyo a la solicitud de Sudáfrica son la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que consta de 57 estados miembros, Brasil, Bolivia, Malasia, Jordania, Turquía, Venezuela, Nicaragua, Maldivas, Pakistán, Namibia y Colombia, mientras que el Viceprimer Ministro de Bélgica se refirió al apoyo al trabajo de la Corte Internacional de Justicia.
  • En esta etapa, el tribunal no está obligado a probar la existencia de una violación de la Convención sobre Genocidio, sino a determinar «si las circunstancias requieren la indicación de medidas provisionales para proteger los derechos bajo este instrumento, siempre que las pruebas documentadas sean ‘razonables’». (párrafo 137 de la solicitud).
  • Según la Convención sobre el Genocidio, no hay justificación para cometer genocidio y violar la Convención para la Prevención del Genocidio, incluso protestando por el “derecho a la legítima defensa”. La intención del autor del crimen específico de destruir un grupo hace que la justificación de las fuerzas defensivas en el caso de una agresión israelí sea inaplicable y “no puede incluir medidas de represalia o punitivas”. Por esta razón, no se puede permitir que ningún Estado o individuo justifique el genocidio en nombre de la autodefensa”. El delito de genocidio no se limita únicamente al asesinato, que es uno de los cinco actos cometidos con la intención de destruir a todo un grupo o parte de él. También es importante señalar que el castigo colectivo está estrictamente prohibido por el derecho internacional.
  • Sudáfrica, en su solicitud, recuerda la importancia de situar los actos de genocidio en el contexto del «comportamiento de Israel hacia los palestinos durante el sistema de apartheid que perdura por 75 años, su ocupación militar de los territorios palestinos durante 56 años y su asedio militar de Gaza durante 16 años”, aunque la solicitud se centra en actos de genocidio cometidos contra palestinos en Gaza desde octubre de 2023.
  • Es responsabilidad de cada Estado comprometerse a “tomar las medidas necesarias para prevenir” el crimen de genocidio, pero también a “castigarlo, incluso mediante la promulgación de legislación pertinente y el castigo de los perpetradores”. (Párrafos 139 y 141 de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada como resultado de la Cumbre Mundial de 2005).
  • Todos los Estados que ayudan e incitan a Israel a cometer actos de genocidio pueden ser considerados responsables de complicidad (el caso de Estados Unidos). Sudáfrica e Israel son miembros de las Naciones Unidas y, por tanto, están obligados por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
  • El equipo legal de Sudáfrica está encabezado por el profesor John Dugard, el renombrado abogado internacional que también se desempeñó como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados. El profesor Dugard dirige un equipo de investigadores y expertos jurídicos en Sudáfrica, entre ellos Adila Hassim, Tembeka Ngcukaitobi y Max du Plessis. El equipo también se ve reforzado por la participación de los abogados sudafricanos Chidiso Ramogale, Sarah Bodiford Jones y Lerato Zikalala, así como por la experiencia del abogado británico Vaughan Lowe y la abogada irlandesa Blinne Ní Ghrálaigh.
  • Israel estará representado por el abogado británico Malcolm Shaw. El gobierno israelí ha formulado e implementado una estrategia legal y diplomática para presionar al tribunal y disuadirlo de tomar medidas.
  1. La Corte Internacional de Justicia está formada por 15 jueces elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad por un período de nueve años. Jueces ad hoc: Según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (Artículo 31), si el estado no tiene un juez de su nacionalidad en el tribunal, tiene la opción de elegir un juez especial para su caso. Sudáfrica nombró juez especial al juez Dikgang Moseneke, ex vicepresidente del Tribunal Supremo de Sudáfrica. Israel nombró a Aharon Barak, ex presidente de la Corte Suprema de Israel. Es importante señalar que, durante el mandato de Barak, la Corte Suprema de Israel se negó a reconocer la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva que declaraba la ilegalidad del Muro de Separación erigido por Israel en la Cisjordania ocupada. Cabe señalar que el 29 de diciembre Sudáfrica presentó una demanda contra Israel en virtud de la Convención sobre Genocidio.
  1. La Corte Internacional de Justicia celebrará audiencias públicas los días 11 y 12 de enero de 2024, donde tanto Sudáfrica como Israel presentarán sus argumentos orales. Se llevarán a cabo de 10:00 a 13:00 horas de Europa Central y serán transmitidos en vivo por la Televisión de las Naciones Unidas (https://webtv.un.org/en). La Corte Internacional de Justicia podrá dictar medidas provisionales hasta finales de enero, y posiblemente dentro de dos semanas. Según el artículo 74 del Reglamento de la Corte, “[una] solicitud de indicación de medidas provisionales tendrá prioridad sobre todos los demás asuntos”. Independientemente de si el tribunal falla a favor de medidas provisionales, el caso continuará. Las disputas en la Corte Internacional de Justicia pueden durar varios años. El proceso legal incluye varias etapas, que incluyen alegatos escritos, audiencias orales, deliberación y sentencia.

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